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«GOBIERNO OTORGARÁ LA LICENCIA A TÍA MARÍA, PORQUE TIENE VISIÓN EMPRESARIAL»

Lorenzo Quea Celis, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Mollendo, dice que, desde el enfoque empresarial, dan la bienvenida a la inversión pública o privada porque Islay necesita de fuentes de trabajo.

 

¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio de Mollendo sobre Tía María?

Nuestra posición es y siempre será la misma con respecto a Tía María y cualquier otro proyecto minero. En el enfoque empresarial, nosotros le damos la bienvenida a la inversión pública o privada, porque Islay necesita de fuentes de trabajo. Hay un tema medioambiental del que debe encargarse el Gobierno. Pero hay también un punto sensible y de difícil reparación que son las pérdidas humanas, que fueron la historia negra de Tía María. Eso no se puede subsanar, pero lo que se quiere es evitar más problemas con lo sucedido.

 

La lectura de este proyecto es compleja…

Es complejo por todo lo que te digo. Si tú preguntas a cualquier empresario de Mollendo, no tenemos muchas actividades económicas. Son cortitas (solo enero y febrero). El mismo problema lo tiene el valle de Tambo, los precios de sus productos agrícolas están por los suelos. Lo único que salva a Islay es el puerto de Matarani con empresas del Grupo Romero que pueden reactivar la provincia.

 

¿La expectativa de su sector es grande entonces, porque el proyecto dinamizaría la provincia de Islay?

Es que tendríamos que ver los entornos. Mira lo que pasa en Ilo (Moquegua), hay una fundición minera y no hay tanta contaminación como hace 20 años por los humos que llegaban hasta Tambo y originaban perjuicios entre las plantaciones, como las de zapallo. Demos una vista a Cerro Verde y los pueblos que están alrededor no tienen tanta contaminación. Entonces, nosotros tenemos que aprender a convivir con la minería. Si no se otorga la licencia (de construcción) a Tía María, el proyecto se va a quedar estancado. Todo el mundo sabe que hay cobre y oro (el proyecto de Southern solo explotará cobre) y eso va a originar la explotación de empresas informales. Lo que queremos es que Tía María u otro proyecto sostenible permita que los jóvenes tengan oportunidad laboral. (…) Nosotros, en Mollendo, nos estamos quedando con una población adulta por la fuga de los jóvenes. En Mollendo, hay 24 000 habitantes y, en Tambo, 28 000.

 

Si el Gobierno no le da la licencia por cuidarse de un conflicto, ¿esto afectaría el estado de derecho?

No solo afectaría el Estado de derecho, también el crecimiento empresarial en la zona y originaría que los mineros informales exploten esa mina con contaminación. Eso ha pasado en Camaná, donde hay minería informal y es terrible. La zona es tierra de nadie. No queremos que eso suceda con el valle de Tambo.

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